La salud en Chile es un gran foco de controversia, esto debido a las grandes diferencias en acceso de las distintas clases sociales con motivo de los costos excesivos en los que se debe incurrir al ingresar a un establecimiento de salud privado. Dado que las falencias del sistema de salud público en cuanto a calidad y cobertura son significativas, se hacen inaceptables las trabas arbitrarias aplicadas a quienes intentan acceder a la salud privada, más aún cuando la asistencia se requiere de forma inmediata. La no atención de un paciente que se encuentra en Dicom debe ser prohibida en todo establecimiento de salud.
En primer lugar, durante una atención de urgencia se incurre en altos riesgos si no se actúa a la brevedad. De postergarse dicho servicio por una derivación a otro centro asistencial, el paciente podría sufrir daños vitales, evitables de actuar oportunamente. Es por esto que resulta inaceptable la negación de prestación a un paciente que requiere de atención inmediata, independiente de su identidad y las razones que pueda tener el establecimiento para no querer recibirlo.
Actualmente en Chile, Dicom es el mecanismo más utilizado para comprobar si una persona se encuentra endeudada económicamente con cualquier entidad comercial. Lo que llama la atención es que una persona que se encuentra inserto en este sistema ingresa con una facilidad electrónica y automática. En el caso de que esta misma desee limpiar sus antecedentes económicos debe realizar una serie de extensos trámites burocráticos que pueden llegar a tardar años. Esto se hace relevante cuando nos preguntamos hasta que punto una persona que esta en Dicom, realmente no posee los recursos o se encuentra ahí porque no ha podido salir en años pese a contar con el sustento económico suficiente para costear una atención en salud.
Muchos argumentan a favor de esta medida de seguro apelando a la rentabilidad de las clínicas, las cuales ven en desmedro sus utilidades por un aumento en la atención de clientes con dudosa condición financiera. Si bien hay riesgo de no pago en el rubro, este resulta significativamente inferior a cualquier otra actividad comercial debido a la esencialidad del servicio proporcionado por este tipo de institución. El que la demanda por salud tenga bajos índices de elasticidad, sumado a un limitado número de establecimientos privados que atienden en urgencias, hace que los incentivos para pagar de los consumidores sean significativamente altos. De ahí que las perdidas por morosidad de los centros de salud no son tan significativas como se podría pensar.
En consecuencia, tanto por el derecho inherente a la protección a la vida de todo ser humano, como por la cuestionable efectividad de Dicom como mecanismo para medir la insolvencia de un paciente, resulta amoral e ilógico el exigir antecedentes claros en Dicom para ser atendido de urgencia. No es posible arriesgar una vida con fundamentos económicos ni discriminar mediante medidas que no tienen una relación directa con el cumplimiento de pago del paciente.
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